INNOVARE. Revista de Ciencia y Tecnología. Vol. 12, No. 2, 2023
INNOVARE
Revista de Ciencia y Tecnología
Disponible en CAMJOL - Sitio web: www.unitec.edu/innovare/
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Autor corresponsal: liza.escober@unitec.edu.hn, Universidad Tecnológica Centroamericana, Tegucigalpa, Honduras
Disponible en: http://dx.doi.org/10.5377/innovare.v12i2.16609
© 2023 Autores. Este es un artículo de acceso abierto publicado por UNITEC bajo la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Opinión
Participación ciudadana y la necesidad de cimentar una nueva cultura
anticorrupción
Citizen participation and the need to create a new anti-corruption culture
Carlos Hernández
a
, Liza Carolina Escober García
b,1
a
Asociación para una Sociedad más Justa, Tegucigalpa, Honduras
b
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Tegucigalpa,
Honduras
La corrupción en Honduras actualmente
Los últimos indicadores de percepción de la corrupción
en el mundo son preocupantes y más aún para Honduras, que
pese a los compromisos internacionales en materia de lucha
contra la corrupción, en vez de avanzar se retrocede y los
esfuerzos parecen insuficientes. El informe sobre el Índice
de Percepción de Corrupción (IPC) de diciembre de 2022
por Transparencia Internacional calificó el nivel de
corrupción en el sector público entre 180 países del mundo,
usando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja
corrupción). Honduras mostró un descenso significativo de
6 puntos respecto a 2017. El país pasó a ocupar el puesto 157
de este ranking, cuyo referente es Dinamarca en primer lugar
con 90 puntos (Transparency International, 2023).
Antecedentes históricos
La corrupción en Honduras puede rastrearse desde el
período colonial y la posindependencia de la corona
española. Esta historia no se incluye en los contenidos del
currículo nacional básico, debiendo ser de conocimiento
general y no de acceso exclusivo de letrados y académicos.
Al comenzar el ejercicio de un gobierno federado, la
República de las Provincias Unidas de Centroamérica, fue
endeudada desproporcionadamente por los gobernantes
criollos, obligando a la población a pagar préstamos cuyos
recursos fueron mal destinados y que dispararon al alza los
intereses por falta de pago, como afirma el historiador Darío
Euraque:
En 1825, los gobiernos federales centroamericanos
obtuvieron empréstitos en los mercados financieros
británicos. Para 1826 el primero de ellos sucumbió en
un colapso del mercado de valores británico y el
gobierno centroamericano resultó ampliamente
endeudado por gastos, comisiones, salarios
gubernamentales y avances en efectivo.
La historia indica que los préstamos no ingresaron al
erario público en su totalidad debido a jugosas “comisiones”
pagadas a intermediaros, sumado a los “avances en efectivo”
que evidenciaron la falta de probidad administrativa y el
deficiente uso de recursos de esa época (Euraque, 2008). Ya
separada la Federación, en 1867 el gobierno de Honduras
encabezado por José María Medina, registró el primer gran
caso de corrupción documentado, con el famoso proyecto
fallido de construcción del ferrocarril nacional, por el cual
un embajador de Honduras en Inglaterra endeudó a la
población por más de 8 décadas por más 14 millones de
libras esterlinas, de los se entregaron al gobierno solo 300
mil (Federación de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo de Honduras [FOPRIDEH], 2006).
Se suman las transacciones con grave conflicto de interés
en el gobierno de Marco Aurelio Soto, que siguieron hasta
el día de hoy (Consejo Nacional de Anticorrupción [CNA],
2017), en todas las administraciones, sin excepción alguna.
Actualmente, la “lucha contra la corrupción” se ha
convertido en un tema prioritario en la agenda de país, de los
cooperantes y de los organismos internacionales. Todos
estos actores promueven su erradicación, pero ¿por qué
Transparencia Internacional evidencia que la situación ha
empeorado? Honduras ha suscrito compromisos para
combatir la corrupción por medio de adopción de políticas
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públicas, adaptaciones al marco jurídico e institucional y
otras intervenciones, pero enfrenta un gran fracaso de la
lucha anticorrupción.
Las raíces de la corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) definió la corrupción como “un fenómeno
caracterizado por el abuso o desviación del poder
encomendado, que puede ser público o privado, que
desplaza el interés público por un beneficio privado
(personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad
democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los
derechos humanos” (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos [CIDH], 2019). Los factores que la facilitan son
variados, especialmente de tipo institucional y cultural,
como han propuesto la CIDH y otros autores (Figura 1).
Efectos de las corrupción sobre los derechos
humanos
Si un funcionario se enriquece con fondos del erario
público, genera un perjuicio de la colectividad, despojando
a las personas del acceso a bienes y servicios, lo que genera
una violación contra los derechos humanos, aquellos que se
gozan solo por razón de la propia existencia, como el
derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de
expresión, entre otros que el Estado debería proteger como
prioridad.
Entre los casos de corrupción que han causado graves
efectos contra la integridad física de los hondureños, está el
fraude de los hospitales móviles durante la pandemia
COVID-19. El gobierno se declaró insuficiente para atender
la crisis sanitaria debido a un sistema de salud pobre y
deficiente, pero de forma paralela, realizó compras
millonarias sobrevaloradas de materiales y equipos que se
pagaron por anticipado, pero que no llegaron en tiempo y
forma y que trágicamente no tuvieron utilidad ni
funcionalidad.
El resultado de esa corrupción a gran escala fue el
despojo de la población del derecho a la salud y por ende, a
la vida. Otro caso reciente fue el desfalco al Instituto
Hondureño de Seguridad Social, que resultó en perjuicio de
la salud de todos sus afiliados. La magnitud del impacto
podría sugerir la tipificación de delitos contra la humanidad
(Roht-Arriaza, 2022).
La sociedad y su incidencia
La sociedad civil debe ser exigente sobre la transparencia
de las transacciones del sector privado y del sector estatal,
manteniendo la incidencia sobre los funcionarios. Ante el
panorama negativo, se necesita reflexión y cambio de
cultura. No es imposible generar un despertar proactivo de
la población. Los esfuerzos de la organizaciones locales e
internacionales y cooperantes también inciden en la
generación de conciencia social, empoderamiento
ciudadano informado, desarrollo de memoria histórica,
reconocimiento del valor de la dignidad humana y el
resguardo de sus derechos humanos y la inserción de valores
éticos y morales.
La sociedad civil organizada debe reconocer sus
progresos en los últimos años. Hoy es más común ver la
denuncia ciudadana, el reclamo público, las exigencias de
transparencia, las actividades programáticas de educación
de niños, jóvenes y adultos y la exposición pública de los
funcionarios o grupos autores y cómplices.
Figura 1. Factores institucionales y culturales que facilitan la corrupción. Modificado de CIDH (2019).
Corrupción
Monopolio o
concentración de
poder en áreas con
alto impacto
económico o social
Debilidad
institucional del
Estado
Amplio espacio de
discrecionalidad en
la toma de
decisiones por parte
de agentes estatales
Falta de control de
los actos de la
autoridad
Poca transparencia y
rendición de cuentas
Alto nivel de
impunidad
Tolerancia frente a la
corrupción
Cultura de ilegalidad
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Las organizaciones civiles y ciudadanas generan
registros de los hechos, documentación de casos,
investigación científica e incluso periodística. Todo esto
será el fundamento del juzgamiento de la historia en la
posteridad, recuperables en archivos digitales. La gestión de
sociedad civil debe fortalecerse, promocionarse y dotarse de
herramientas que le permitan mayor alcance de sus
objetivos, especialmente en la educación masiva basada en
estudios científicos, fomentando el pensamiento crítico de
una población de baja escolaridad para establecer una vía de
comunicación de fácil acceso y comprensión, orientativa
sobre la selectividad de la información que se recibe de
forma masiva pero que no es ética ni confiable.
La libertad de expresión en la lucha contra la
corrupción
Para cambiar la cultura, se requiere de comunicación
masiva. La libertad de expresión es un derecho del que alza
la voz contra los corruptos y sus cómplices, sean
funcionarios o civiles. Sin embargo, ¿tendrá un ciudadano
informado y empoderado libertad absoluta para denunciar
sin miedo, sin exposición a posibles daños en su integridad
propia y de los de su entorno? Es complejo, muchos
denunciantes han arriesgado sus vidas, han tenido que
solicitar medidas de protección, exiliarse, gestionar su vida
para manejar riesgos a su seguridad o se han enfrentado al
descrédito público.
Los años recientes se ha visto el despertamiento de la
necesidad de expresarse, los medios de comunicación han
ejercido su influencia en las últimas décadas para solicitar al
Estado la tutela de este derecho, que incluye no solo
transmitir ideas a través de cualquier herramienta, sino que,
a tener acceso fuentes de información, a emitir su propia
opinión sin censura ni represión y respetar el mismo derecho
para las demás personas. Las redes sociales y el internet son
los protagonistas de esta entrega masiva de datos que han
permitido que la opinión pública tenga más influencia,
aunque no se puede desconocer que la libertad de expresión
de forma irresponsable puede generar desinformación o
manipulación de los hechos, debilitando el discurso púbico.
La línea es muy fina, la prensa, los comunicadores
sociales, los mismos usuarios de las redes, basan su actuar
en la protección a este derecho por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Carta de la Organización de
Estados Americanos, entre otras declaraciones y
convenciones de protección, pero en aun bajo este paraguas
existen siempre esos factores culturales corruptos en las
esferas de poder que crean blindajes mediante leyes
primarias o secundarias que censuran o sancionan,
desvirtuando la obligación del Estado y perpetrando la falta
de ética y respecto a la libertad. Por otro lado, la libertad de
expresión también se ha visto limitada por colusiones entre
funcionarios y comunicadores, quienes se autocensuran o
desinforman a cambio de prebendas.
Conclusión
Parece que se está perdiendo la batalla y que no existe
interés por mantener un bienestar común y una justicia social
por parte de los gobernantes, mientras la población se adapta
y tolera la corrupción. Sin embargo, las sociedades
evolucionan y se debe fomentar la lucha por la honestidad y
la justicia como cultura nacional.
La tolerancia frente a la corrupción y la cultura de
ilegalidad deben ser combatidas. Además de la necesidad de
contar con gobernantes y funcionarios verdaderamente
comprometidos con la integridad, la lucha anticorrupción
requiere de la acción de todos los sectores sociales. La ruta
de la sociedad organizada debe ser formar y generar una
opinión pública con incidencia sobre los tomadores de
decisiones y continuar con los aportes en la paciente espera
de evolucionar hacia la ética y probidad.
Contribución de los Autores
CH y LCEG contribuyeron a la concepción, recopilación
de información, análisis crítico y redacción del manuscrito.
Ambos autores leyeron y aprobaron la última versión del
mismo.
Conflictos de Interés
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.
Referencias Bibliográficas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2019).
Corrupción y derechos humanos: estándares interamericanos.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
Consejo Nacional de Anticorrupción [CNA]. (2017). 100 años de
corrupción e impunidad en Honduras, desde una percepción ciudadana.
Imagina Ediciones.
Euraque, D. (2008). El capitalismo en San Pedro Sula y la historia política
hondureña (1870-1972) (2
a
ed.). Editorial Guaymuras.
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de
Honduras [FOPRIDEH]. (2006). Apuntes para una historia de la
corrupción, en probidad y ética en las políticas públicas.
Roht-Arriaza, N. (2022). Gran corrupción y crímenes atroces en
Latinoamérica. Jurídica Ibero, 13, 19-48.
https://juridica.ibero.mx/index.php/juridi/article/view/161
Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index –
Honduras 2022. Consultado el 31 de enero de 2023.
https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/hnd
*Recibido: 30 junio 2023. Revisado: 31 julio 2023. Aceptado: 17 agosto
2023. Publicado: 30 agosto 2023
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